La transformación digital no sólo cambió la forma en que los ciudadanos acceden a la información o las empresas ofrecen servicios; también reconfiguró uno de los mecanismos públicos más complejos y antiguos de la economía moderna: las licitaciones públicas. En la última década, países como España y Canadá -solo por citar dos casos, pues la lista es amplia- han demostrado que la tecnología, bien aplicada, puede convertir procesos antes tediosos y lentos en ecosistemas más competitivos, trazables y eficientes.
España ofrece un ejemplo sólido de centralización tecnológica. Su Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) se ha consolidado como un nodo que conecta miles de entidades públicas con el sector productivo del país. En 2024, el país gestionó más de 200.000 contratos por un valor superior a 107.000 millones de euros, y cada uno de ellos quedó registrado digitalmente, accesible para consulta y análisis estadístico. Esa visibilidad no es sólo un gesto de transparencia ni una moda; es una declaración de modernidad. Permite que cualquier proveedor —grande o pequeño— entienda cómo se mueve el mercado estatal español y tome decisiones basadas en evidencia, no en mitos ni suposiciones.
La digitalización española también ha dado un paso más allá con la incorporación de estándares técnicos avanzados como el modelado BIM (1) en proyectos de infraestructura. Esta exigencia no sólo mejora la eficiencia técnica, sino que empuja al sector privado a elevar su nivel tecnológico y profesional. Licitar en España ya no se trata únicamente de cumplir requisitos administrativos, sino de demostrar dominio tecnológico y capacidad de gestión bajo estándares internacionales.
Canadá, por su parte, ha apostado por un modelo más descentralizado pero profundamente orientado a la accesibilidad. Su sistema de compras públicas, liderado por Public Services and Procurement Canada (PSPC), gestiona anualmente alrededor de 23.000 millones de dólares canadienses en adquisiciones. Pero lo realmente destacable no es la cifra, sino la experiencia que ofrece a los proveedores. Según los propios informes gubernamentales, más del 80% de las empresas que participan en sus procesos los consideran “justos y transparentes”. Esa percepción de confianza es, en sí misma, un indicador de madurez institucional y transparencia tecnológica.
El modelo canadiense se apoya en plataformas como CanadaBuys, que integra datos abiertos, retroalimentación de usuarios y sistemas de trazabilidad digital. Cualquier empresa puede analizar el historial de contrataciones de una entidad, los patrones de gasto y la recurrencia de proyectos, lo que reduce la asimetría informativa entre competidores. Este enfoque no elimina la complejidad, pero la hace visible, cuantificable y, por tanto, gestionable.
Ambos modelos —el español y el canadiense— convergen en una idea común: la información es el nuevo factor de competencia. En los mercados públicos de sistemas de gobierno altamente digitalizados, la ventaja ya no se obtiene por cercanía política o por experiencia acumulada, sino por la capacidad de interpretar datos, anticipar movimientos y ajustar estrategias con precisión.
La tecnología, sin embargo, no garantiza el éxito por sí sola. De hecho, puede amplificar los errores si se la usa sin criterio. La clave está en el enfoque: mientras España ha optado por estructurar su ecosistema desde la centralización y la estandarización técnica, Canadá lo ha hecho desde la apertura y la experiencia del usuario. En ambos casos, el resultado es un entorno más transparente, más medible y más competitivo, donde el profesionalismo se impone sobre la improvisación.
Mirar estos modelos avanzados debería servirnos como inspiración para preguntarnos: ¿cómo se construye confianza en un sistema público? ¿Qué valor real tiene la trazabilidad cuando las empresas son capaces de medir el comportamiento del Estado comprador? ¿Y cómo puede una pyme, con recursos limitados, encontrar oportunidades dentro de un sistema cada vez más digitalizado?
Responder esas preguntas es el nuevo desafío de quienes deciden competir en el mercado estatal. Aunque también de las autoridades en implementar los mecanismos tecnológicos adecuados. Ya no basta con presentar una buena oferta; ahora se trata de entender el lenguaje de los datos, la lógica de las estadísticas y las tendencias que marcan las decisiones de compra pública. En ese sentido, tanto España como Canadá nos muestran que el futuro de las licitaciones no se define en los formularios en blanco y negro, sino en la inteligencia con que se interpreta la información digitalizada.
(1) El modelado BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo colaborativa para crear y gestionar representaciones digitales inteligentes de un activo construido, que contiene información interactiva sobre su diseño, construcción y operación a lo largo de su ciclo de vida. Es decir, es un registro inteligente de la información del proyecto.