Si en artículos pasados hablamos de alumnos aplicados como España y Canadá, hoy toca hablar del primero de la clase; el alumno que siempre entrega la tarea antes de tiempo, con márgenes perfectos y letra impecable. En el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico (EGDI) de las Naciones Unidas de 2024, el país escandinavo ocupa nuevamente el primer lugar, consolidando una tendencia que ya no sorprende: Dinamarca no solo digitalizó su administración pública, sino que reinventó el modo en que el Estado se relaciona con su gente.
El éxito danés no se explica por una sola política, sino por una sinergia de políticas calculadas entre tecnología, confianza y diseño social. Desde principios de la década del 2000, el país apostó por una visión integral: si la digitalización iba a ser el futuro, debía estar centrada en el ciudadano, no en la burocracia. Esa idea se tradujo en un sistema de identidad digital universal —primero NemID, ahora MitID— que permite realizar más del 90 % de las interacciones gubernamentales sin papel ni desplazamiento físico. Cada firma, cada pago y cada registro están integrados bajo un marco legal sólido y una arquitectura tecnológica que prioriza la interoperabilidad.
El resultado es un ecosistema donde el ciudadano es el núcleo operativo del Estado Smart. Desde la salud hasta los impuestos, todo está interconectado: el historial clínico se sincroniza con el seguro, los datos fiscales con los registros civiles y los beneficios sociales con la cuenta bancaria, todo en tiempo real. Este nivel de cohesión reduce los costos administrativos en millones de euros cada año. Según Digital Economy and Society Index (DESI) de la Unión Europea, Dinamarca se mantiene desde 2018 como el país más digitalmente avanzado de Europa, con más del 95 % de la población utilizando activamente servicios públicos en línea.
Pero la clave no está solo en la tecnología, sino en la cultura de confianza. Dinamarca es una sociedad donde la digitalización no genera sospecha, sino eficiencia. El Estado protege la privacidad con marcos estrictos de seguridad cibernética, y la ciudadanía, en reciprocidad, adopta las herramientas digitales con naturalidad. Esa confianza mutua —una especie de contrato social digital que ni el mismo Rousseau hubiera podido soñar— es lo que permite que un sistema tan amplio funcione sin fricciones. El índice de satisfacción ciudadana con los servicios digitales públicos supera el 90 %, una cifra impensable en la mayoría de los países.
Otro de los pilares es la política de datos abiertos. Dinamarca fue pionera en liberar información pública en formatos reutilizables, lo que ha impulsado la creación de startups y soluciones tecnológicas que mejoran tanto la gestión pública como el entorno empresarial. Este acceso transparente a la información ha fortalecido la rendición de cuentas, generando un entorno donde las empresas pueden licitar con datos precisos y los ciudadanos pueden fiscalizar de manera informada.
El modelo danés también se apoya en una infraestructura digital inclusiva. La conectividad de banda ancha supera el 98 % del territorio y el 100 % de los servicios públicos está disponible en versión móvil. Para los ciudadanos que no pueden o no desean usar medios digitales, se ofrece asistencia personalizada, garantizando que la digitalización no se convierta en una forma de exclusión. Esta combinación de inclusión y eficiencia explica por qué la digitalización no es vista como imposición, sino como progreso.
En materia de licitaciones y compras públicas -nuestro tema- , Dinamarca ha logrado lo que muchos sistemas aún intentan: simplificar el proceso sin perder control. Las plataformas de contratación electrónica operan con absoluta trazabilidad, desde la convocatoria hasta la adjudicación y el pago. Los tiempos promedio de evaluación de ofertas se han reducido en más de un 40 %, y la participación de pequeñas y medianas empresas ha crecido un 20 % en los últimos cinco años, según datos de Digital Procurement in the EU, 2024.
El impacto macroeconómico es medible: la automatización y la interoperabilidad permiten ahorrar al Estado más de 300 millones de euros anuales en costos administrativos, además de reducir en 60 % el uso de papel y energía asociados a los trámites tradicionales. Pero quizá el dato más revelador es que el 99 % de las empresas danesas usan factura electrónica y firma digital en sus operaciones con el gobierno. La eficiencia dejó de ser promesa para volverse norma.
Dinamarca es, en esencia, la demostración práctica de que el gobierno digital no se decreta, se construye. Y su éxito no depende de tener más servidores, sino de una estrategia que une tecnología, transparencia y pedagogía pública. Cada reforma digital fue acompañada por campañas de educación, soporte ciudadano y ajustes normativos coherentes. No se trató de informatizar lo viejo, sino de repensar lo público.
Por eso, cuando los organismos internacionales la describen como “el modelo a seguir”, no se refieren solo a la calidad de su software, sino a la madurez de su gobernanza digital. Dinamarca entendió que un Estado inteligente no se mide por cuántos portales tiene, sino por la fluidez y confianza que logra entre datos, instituciones y personas. Esa es la lección del niño aplicado: no basta con saberse la teoría, hay que hacer que funcione para todos.
Un pilar central de la ventaja danesa es la identidad digital universal. El sistema MitID (su eID nacional) alcanza hoy una penetración prácticamente total entre la población adulta: más del 95% de los mayores de 15 años dispone de MitID y el servicio registra decenas de millones de transacciones mensuales. Tener una eID fiable y ampliamente adoptada reduce drásticamente los costos de verificación, firma electrónica y acceso seguro a portales públicos —condiciones indispensables para que las licitaciones funcionen en entornos nativos digitales.
Otro elemento definitorio es la experiencia de usuario integrada: plataformas como Digital Post —el servicio oficial de comunicación electrónica entre autoridades y ciudadanos/empresas— muestran altos niveles de satisfacción (más del 80% en encuestas), lo que habla de confianza y usabilidad en la relación digital con el Estado. Cuando los proveedores confían en los canales oficiales y éstos funcionan, la participación en procesos públicos deja de ser un trámite riesgoso y se convierte en un canal profesional de negocio.
En el plano operativo, Dinamarca centraliza y organiza las convocatorias y los procedimientos de contratación pública en portales y servicios que facilitan el acceso de proveedores. El portal nacional de licitaciones (udbud.dk y herramientas asociadas) consolida avisos y documentación, reduciendo la asimetría informativa y simplificando la búsqueda de oportunidades. Esa centralización es doblemente poderosa: por un lado facilita el cumplimiento formal; por otro, habilita la trazabilidad y la auditoría, elementos que fortalecen la confianza del mercado.
Más allá de la infraestructura, la receta danesa combina gobernanza, interoperabilidad y cultura institucional. Las políticas «whole-of-government» (gobierno unificado interconectado) han impulsado estándares técnicos que permiten intercambio seguro de datos entre organismos, modelos de identificación reutilizables y procesos automatizados de notificación y control. Esto reduce tiempos administrativos, minimiza errores humanos y hace que los procedimientos de contratación sean más predecibles. Un entorno así cambia la ecuación para las empresas: compiten menos contra la burocracia y más contra la calidad de sus propuestas.
¿Qué implicaciones tiene esto para una empresa que licita? La lista es práctica y directa. Primero, en un país con eID universal y plataformas consolidadas, la barrera técnica para participar es menor —pero la exigencia de profesionalismo es mayor: las ofertas se evalúan con criterios transparentes y trazables. Segundo, la disponibilidad de estadística y la estandarización de datos facilitan la priorización inteligente de oportunidades: elegir bien suele ser más rentable que postular masivamente. Tercero, la digitalización madura genera mercados más competitivos y confiables, donde el historial de cumplimiento se convierte en un activo diferencial verificable.
No todo es tecnología pura: el éxito danés depende también de aceptación social (alto nivel de confianza en las instituciones), marcos legales claros y continuidad política en estrategias digitales. Implementar eID o un portal central no basta si no se construyen prácticas de gobernanza digital y soporte que mantengan la seguridad, la privacidad y la interoperabilidad a largo plazo. Esa combinación —tecnología + gobernanza + confianza social— es precisamente lo que explica por qué Dinamarca lidera las mediciones internacionales.
Para países y empresas de otros territorios, la lección es doble. En primer lugar, invertir en infraestructura digital (identidad, portales, datos abiertos) paga no solo en eficiencia estatal sino en calidad de mercado: proveedores mejor informados y procesos más fiables. En segundo lugar, la adopción tecnológica debe acompañarse de formación, estándares y marcos que garanticen interoperabilidad y protección de datos. Sólo así la digitalización dejará de ser un proyecto tecnológico para convertirse en un motor real de transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas.
En resumen: Dinamarca no es top por casualidad. Su posición responde a decisiones políticas persistentes, a una identidad digital universal de altísima adopción, a plataformas unificadas y a una gobernanza orientada al ciudadano y al mercado. Para proveedores, el mensaje es claro: donde la digitalización se hace bien, la competencia cambia de naturaleza —pasa de la improvisación a la estrategia— y quienes interpretan ese cambio temprano obtienen la ventaja más sostenible.